Una mujer participa en la protesta del miércoles 3 de febrero de 2010, en la Plaza Porras. Miembros de la Cruzada Civilista que lucharon contra el régimen militar en Panamá (1968-1989), volvieron a las calles para protestar contra el presidente, Ricardo Martinelli, por lo que, según afirman, es su propósito de controlar todos los poderes públicos. EFE/Alejandro Bolívar.

Institucionalidad y gobernabilidad

Toda sociedad democrática en la actualidad necesita, para que sea considerada como tal, de dos elementos: la institucionalidad y la gobernabilidad. El primero, con fundamento en la Constitución, las leyes, y el actuar, en estricto apego al régimen de derecho, de los órganos del estado y sus instituciones. El segundo, las acciones de los gobernantes con respecto a su gestión de gobierno, su relación con la sociedad civil, y el nivel de paz social que su actuar genera.

Por eso es importante que las actitudes de los órganos del estado panameño, además de apegarse a la Constitución y a la Ley, generen la confianza y la credibilidad que garanticen el respeto a las instituciones y den testimonio irrefutable del manejo honesto de la cosa pública, que permita la existencia de un clima de gobernabilidad real y efectivo. Provocar o hacer cosas contrarias, lo que trae como consecuencia es el malestar ciudadano y crea la duda sobre las verdaderas intenciones de los gobernantes en cuanto al ejercicio del poder público.

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