Editorial

Institucionalidad y transparencia

Los Señores Obispos expresaron su preocupación por la institucionalidad del país, a raíz de las tensiones vividas en las últimas semanas, por lo que llamaron, en su reciente mensaje al término de la asamblea de la Conferencia Episcopal, a generar con urgencia un ejercicio de reflexión en todos los ámbitos de la sociedad panameña.

Esa institucionalidad, que tiene su mayor expresión en el régimen de gobierno y sus autoridades, la educación, la administración de justicia, el trabajo, la salud, la cultura nacional, y los medios de comunicación, debe mantenerse sana a toda costa. Que ninguno sea considerado más o sea considerado menos, en virtud del poder que ostenta en lo político y lo económico, su condición social, su origen étnico, su religión, o su ideología. Sí todos somos iguales ante Dios, ¿qué derecho tiene el hombre y sus instituciones, para discriminar entre un ser humano y otro, o entre un ciudadano y otro?

Hace 20 años iniciamos esta nueva etapa democrática en Panamá, con la esperanza de reconstruir una nación fraterna y reconciliada, dónde la justicia fuera igual para todos, tanto ante la ley como en el derecho al trabajo digno, al pan, la educación, la salud, y la libertad ciudadana. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué nos falta por hacer aún? ¿Quién goza de esos derechos y quién no?

La libertad, en tanto una acción responsable y conciente, exige de quien la ejerce coherencia y fidelidad con lo que prédica, con lo que promete, y con su testimonio de vida. Y esta exigencia es mayor para los gobernantes, las autoridades, y los dirigentes del mundo empresarial, gremial, y el resto de la sociedad civil. Exige manejo honrado de la cosa pública y los negocios privados, con la mayor transparencia posible. De fallar en este aspecto, poca confianza y credibilidad tendremos, y, lo que es peor, la institucionalidad de la nación y la sociedad se resquebrajará, con las malignas consecuencias que ello acarrea.

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