Ventana Pontificia
Mons. Pablo Varela Server
Obispo Auxiliar
¿Aumento de las penas?
En Panamá, como en muchos países, ante el aumento de
la inseguridad ciudadana, se ha presentado con fuerza como un remedio,
la propuesta de aumentar las penas a los menores. Es evidente que la
violencia ha crecido y los jóvenes se visibilizan más en ella. Se
cometen crímenes a edades tempranas y las víctimas por este efecto son
cada vez más precoces. Urge contar con políticas que aborden las causas
que llevan a esta escalada de violencia en que los jóvenes son tanto
víctimas como protagonistas.
El caldo de cultivo y factor que más afecta a los jóvenes de ambos sexos
es la pobreza, con todas sus implicaciones, que, en círculo vicioso,
también les dificulta el acceso a empleos dignos. Se necesita combinar
políticas y medidas preventivas con punitivas, lo que implica represión
de los efectos pero atención a las causas; acciones educativas;
programas que fortalezcan el primer empleo; y una adecuada reinserción
social para los jóvenes rehabilitados.
En efecto, el deterioro social está ligado a múltiples factores. Uno de
los más influyentes es el aumento de las desigualdades sociales. ¿Qué
factores actúan sobre la criminalidad? Existe una correlación robusta
entre ascenso de la delincuencia y desocupación juvenil.
Existe una relación directa entre deterioro del núcleo familiar y
delincuencia. La familia es una institución decisiva en materia de
prevención del delito. Si ésta funciona bien, impartirá valores y
ejemplos de conducta en las edades tempranas que serán después
fundamentales, pero la familia está siendo erosionada en nuestro
entorno.
Tampoco olvidar que la denuncia de la violencia de género ha aumentado,
junto con la persistencia de una grave desprotección para niños y
jóvenes abusados. Además, están las conductas violentas autoinflingidas
o dirigidas a otros vinculadas al consumo de alcohol y drogas.
Otra correlación es la observable entre educación y criminalidad.
También hay que tomar en cuenta que para los pobres recibir una
educación de baja calidad implica acceso a empleos con baja
remuneración, disminuyendo su capacidad de mejoramiento de su calidad de
vida.
En América Latina, la propuesta punitiva, pone el énfasis en aumentar el
número de efectivos policiales, dar mayor discrecionalidad a la policía,
bajar la edad de imputabilidad, modificar los códigos penales para
reducir las garantías que se considera obstaculizan el trabajo policial,
aumentar el gasto en seguridad en general. Por su parte, la propuesta
preventiva considera que el método punitivo sólo logra efectos aparentes
a corto plazo.
Ante el miedo y la incertidumbre, la vía punitiva tiene amplio terreno
para prosperar. Sin embargo, es necesario mirar más allá. El debate es
bueno para pensar, clarificar, antes de actuar. Con seguridad, empresas
criminales organizadas como el narcotráfico, el secuestro y otros,
requieren una respuesta contundente de la sociedad que tiene todo el
derecho a defenderse de ellos, pero no olvidar que una parte importante
del delito está ligado estrechamente al crecimiento de la pobreza y la
desigualdad. Está en juego la calidad moral básica de nuestra sociedad.
Atacar los factores estratégicos requiere que las sociedades inviertan
fuertemente en aumentar las oportunidades ocupacionales para los
jóvenes, en desarrollar políticas sistemáticas de protección a la
familia y en fortalecer la educación. Estado y sociedad civil deben
sumar sus esfuerzos para llevar adelante un plan concertado de acción
comunitaria orientado a crear oportunidades de trabajo y desarrollo para
los desfavorecidos; de cambios en educación. Si se evade una discusión a
fondo sobre las causas últimas del problema delictivo y, por el
contrario, se concentra la acción en la mera punición, se corre el grave
riesgo de deslizarnos hacia la criminalización de la pobreza, pasando
los desfavorecidos a ser vistos como sospechosos en potencia, que deben
ser confinados tras barreras protectoras; indagados o vistos con
suspicacia sólo por su rostro y su aspecto, agrediendo de esta manera la
dignidad de la persona humana.
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