La Voz del Pastor
Mons. Carlos María Ariz, C.M.F.
Obispo Emérito de Colón - Kuna Yala
Estrenando nuestro nuevo Gobierno
Nacional
Y, en primer lugar, nos es sumamente grato enviar un
saludo cordial al Señor Presidente de la República y a su digno
Gobierno, deseándoles el más anhelado éxito en la conducción política y
social de nuestro pueblo. Para ello, imploramos la bendición de Dios, el
verdadero dueño y Señor, al fin y al cabo, de Panamá.
Su Santidad, Juan Pablo II, nos enseñaba en su carta Christifideles
laici: Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o
subestimar la dimensión moral de la representación que consiste en el
compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a
los problemas sociales. En esta perspectiva, una autoridad responsable
significa también una autoridad ejercida mediante el recurso a las
virtudes que favorecen la práctica del poder con espíritu de servicio:
paciencia, modestia, moderación, respeto, caridad, generosidad. La
autoridad ejercida por personas capaces de asumir auténticamente como
finalidad de su actuación es el bien común y no el prestigio o el logro
de ventajas personales o partidistas.
Entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política
es una de las más graves porque traiciona, al mismo tiempo, los
principios de la moral y las normas de la justicia social. Compromete el
correcto funciona-miento del Estado influyendo negativamente en la
relación entre gobernantes y gobernados. Introduce una creciente
desconfianza respecto a las instituciones políticas, causando un
progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus
representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones.
La corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones
representativas porque las usa como terreno de intercambio político
entre peticiones clientelistas y prestaciones de los gobernantes. De
este modo, las opciones políticas favorecen los objetivos limitados de
quienes poseen los medios para influenciarlas e impiden la realización
del bien común de todos los ciudadanos.
La administración pública, a cualquier nivel nacional, regional,
municipal, como instrumento del Estado, tiene como finalidad servir a
los ciudadanos, es el gestor de los bienes del pueblo que debe
administrar en vista del bien común. Esta perspectiva se opone a la
burocratización excesiva que se verifica cuando las instituciones,
volviéndose complejas en su organización y pretendiendo gestionar toda
área a disposición, terminan por ser abatidas por el funcionamiento
impersonal, por la exagerada burocracia, por los injustos intereses
privados, por el fácil y generalizado encogerse de hombros.
El papel de quien trabaja en la administración no ha de concebirse como
algo impersonal y burocrático, sino como una ayuda solícita al
ciudadano, ejercida siempre con espíritu de servicio.
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