A TIRO DE PIEDRA

Naufragio

Al cierre de esta edición nos llega la noticia del naufragio en la costa darienita, con el informe de que hay 15 sobrevivientes, un muerto y nueve desaparecidos en el mar. Es una de las varias tragedias marinas, que se suceden en época de aguaje o mal tiempo climático; sin embargo, detrás de ella, hay otras consideraciones que tienen que ver con el estado.

Darién es, quizá, la provincia más aislada del país. A pesar de la carretera que la atraviesa en buena parte, la población que habita en la zona costera depende del transporte por mar y por aire, aunque no siempre las naves que prestan el servicio sean óptimas para transportar a los pasajeros. El servicio de cabotaje, principalmente, cuenta con marinos y tripulantes experimentados, pero sus frágiles embarcaciones sucumben ante los azotes de la naturaleza. No obstante, la cantidad de accidentes es mínima, aunque, cuando ocurren, son tragedias que golpean muy fuerte.

Gran parte de los viajeros eran jóvenes colaboradores de los equipos misioneros católicos del Vicariato de Darién. Iban en gira deportiva. Nada de periplo con fines parrandero o mundano: eran chicos sanos que se enfrentaron al peligro de las olas. Unos salieron bien librados; otros no. La muerte sorprendió a algunos mientras salían en pos de un fin noble. Para otros, en cambio, su encuentro con la muerte está marcado por la droga, el intento de dinero fácil, o la imprudencia y temeridad en la conducción de un vehículo. Vidas jóvenes que se pierden, pero a causa de un propósito y un estilo de vida distintos.

¿Qué responsabilidad tiene el estado en todo esto? Al menos dos: la instauración de medios de transporte colectivos seguros y eficientes, y la aplicación de las leyes de manera eficaz. En la primera, además del vehículo o las naves adecuadas, están la construcción de carreteras y caminos en buenas condiciones, y la organización de rutas orientadas al servicio de la población y no sólo al lucro de quienes las explotan. En la segunda, la formación profesional y el equipamiento apropiado de las autoridades y los agentes que deben velar por el correcto ejercicio de la actividad del transporte de pasajeros y por el respeto a las leyes y reglamentos que la rigen.

Si queremos un cambio real en el transporte, y en la solución de los problemas de las diversas comunidades que componen el país, es indispensable la participación ciudadana. Hacia eso debe tender el desarrollo de la democracia en la sociedad panameña. Los gobiernos pasan, pero las comunidades permanecen. Todo cambio, para que sea verdadero, debe tomar en cuenta a la comunidad. Sin esa participación, la transformación del país quedará en manos de unos pocos, que la realizarán a su parecer personal y a sus intereses de grupo. Si se dan naufragios o desastres en el transporte de pasajeros, que sea por accidente y no por causa de jugarse el pellejo en vehículos y naves que no son aptas para transportarse con seguridad y con eficiencia en el servicio que prestan.

Luis Alberto Díaz - lad@panoramacatolico.com

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