Editorial

Quejas contra jueces

Las más de cuatro mil quejas contra jueces y magistrados que ha recibido el presidente de la Corte Suprema, a lo largo de este año, es un indicio del descontento que siente la sociedad con los funcionarios judiciales de jerarquía. Es un secreto a voces que en muchos despachos de justicia se produce mora intencionada, se hace cabildeo y, en algunos casos, se paga a los funcionarios por interpuestas personas para agilizar los procesos.

El actual presidente del Órgano Judicial ha puesto su empeño en enderezar cosas torcidas y enmendar entuertos, más allá de su propio despacho, con cierto éxito hasta ahora. De ser imitado por otros magistrados y jueces superiores, la justicia panameña podría mejorar y recobrar la confianza y la credibilidad ciudadana.

Un instrumento eficaz para el desempeño de la labor de adecentar y agilizar la justicia es la fiscalización permanente, que se apoya en la auditoría de la gestión de negocios judiciales y en la sanción ejemplar de jueces y funcionarios que incurren en faltas o delitos. También, como forma de control social, debe hacerse público, y de manera oficial, el resultado de cada auditoría y el nombre y dictamen final de los sancionados.

Toda democracia tiene entre sus pilares a la administración de justicia, ejercitada con honradez y probidad, con estricto apego al derecho, y sin la dilación premeditada e innecesaria que abunda en muchos despachos en la actualidad.

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