Editorial
Ley de salud sexual
y reproductiva
La presentación del proyecto de ley integral de salud
sexual y reproductiva, ante la comisión legislativa competente, ha
intensificado el debate público sobre el tema, lo que resulta sano
porque es en ese escenario en donde debe discutirse toda norma que
afecte a la sociedad.
El documento propuesto contiene aspectos que rechazamos, por entrar en
conflicto con la doctrina y los principios cristianos, a pesar de la
participación de representantes de la Iglesia en las reuniones de
preparación. Aunque algunos planteamientos fueron aceptados, otros no.
Por tanto, la asistencia a las reuniones previas y la inclusión de
algunas observaciones, en manera alguna, debe interpretarse como un aval
a todo el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva.
Una legislación de este tipo es conflictiva, por las implicaciones que
tiene y sus repercusiones en el tejido social y en el orden de los
valores morales. Es por eso, que su discusión y análisis exige un
discernimiento profundo sobre su texto y su contexto. Toda norma legal
es obligatoria, y toda ley está sujeta a la reglamentación y la
interpretación de las autoridades, razón por la cual toda duda y todo
sentido ambiguo debe ser esclarecido o eliminado, según sea el caso.
Son esas dudas y esas ambigüedades las que, en este momento, flaco favor
le hacen al proyecto de ley integral de salud sexual y reproductiva. Son
algunos principios y términos contrarios a nuestra doctrina, los que,
también, la hacen inaceptable para los cristianos. Y pensar de esta
manera no es imponer la doctrina al resto, porque la Iglesia propone y
el hombre, en su libre albedrío, acepta o no la creencia de fe. Lo que
sí se impone es la ley y, en este caso, no somos los cristianos quienes
queremos imponer una ley.
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