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COMITÉ CALIFICA DE GRAVE MORA DEL ESTADO
PANAMEÑO
Es necesario aplicar mejoras concretas
en materia de los derechos humanos
Aladino Zambrano G. -
aladino@panoramacatolico.com
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció los
esfuerzos del Estado panameño por promover los derechos fundamentales de
quienes residen en el país, pero manifestaron su preocupación de que el
reconocimiento de la necesidad de reforma todavía no iba de la mano de
suficientes mejoras concretas.
Recientemente se realizó, por espacio de dos días, el diálogo sobre los
derechos civiles y políticos en Panamá, entre el Comité de derechos
Humanos y el Estado panameño, sostenido en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, después de casi 17 años de la última vez que
Panamá presentó un informe ante dicho comité.
De grave ha sido calificada la demora, de casi 17 años, por parte del
Estado panameño en presentar un informe al Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, sobre el progreso en cuanto al goce de esos
derechos que debe ser cada cinco años, afirmó el presidente de este
comité Rafael Rivas Posada, de Colombia, en un comentario preliminar.
Organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional actuando
conjuntamente presentaron informes al Comité para destacar los
principales problemas en la materia y contribuir al diálogo y a las
preguntas hechas por los miembros del mismo al Estado panameño.
En este diálogo tuvo participación la Red de derechos Humanos de Panamá
(RDH-Panamá), espacio de diálogo, coordinación y reflexión de más de 30
organizaciones de la sociedad civil panameña con visiones diversas sobre
la realidad nacional.
Los aspectos que enfatizó la RDH-Panamá, figuran la discriminación por
motivos étnicos raciales y contra la mujer entre otras; el
desplazamiento forzoso y despojo de tierras a poblaciones indígenas por
la construcción de proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros.
Lo relacionado al artículo 10 del Pacto que trata del derecho a trato
humano de los privados de libertad, fue una contribución de la Clínica
de derechos Humanos de la Universidad de Harvard, que en su informe
especificó sobre las personas privadas de libertad y destacó el alto
nivel de encarcelamiento de Panamá frente al resto de los países de la
región; el problema de hacinamiento, la no asignación de recursos
necesarios para hacer frente al tema; la falta de atención médica; así
como los abusos físicos y psicológicos que sufren los privados de
libertad a manos de los custodios y policías.
El Comité planteó entre otras preocupaciones, que el Pacto Internacional
de Derechos Humanos Civiles y Políticos no ocupa la debida jerarquía en
la legislación panameña y rara vez es invocado en los fallos de la Corte
Suprema de Justicia u otras instancias judiciales a pesar de que Panamá
ratificara el Pacto, debe ser incorporado a su derecho interno y
convertirlo en una fuente de derecho que pueda ser empleada para fallar
en casos concretos.
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